César Arellano García / La Jornada

Ciudad de México. Un juez de control del Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, en el estado de México, vinculó a proceso a Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñaba ex jefe de departamento de la Coordinación de Administración y Servicios en la Secretaría de Gobernación, y de la Policía Federal, por su presunta participación en el desvío de más de 2 mil millones de pesos, que se registraron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional, en el sexenio pasado.

De acuerdo con fuentes judiciales, al ex funcionario permanecerá en prisión preventiva oficiosa en El Altiplano, ya que se le enjuició por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, el cual es considerado grave sin derecho a fianza. El impartidor de justicia dio de plazo tres meses pra la investigación complementaria.

El martes de la semana pasada, en un operativo conjunto, personal de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) detuvo a Eleuterio Enrique Pérez Romero, uno de los 19 ex funcionarios de las extintas Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), por su presunta participación en desvío de recursos y adquisiciones con sobreprecio en el periodo 2012-2018, luego de que el juez de control con residencia en el Penal del Altiplano libró las órdenes de captura.

Entre los principales inculpados en este caso se encuentran los ex secretarios generales de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez.

Las órdenes de arresto fueron emitidas a petición de la Seido, y de inmediato se pusieron en marcha operativos para la detención de los imputados, por lo que ahora son considerados prófugos de la justicia los ex secretario generales de la Policía Federal y 17 ex servidores públicos más.

La Jornada dio a conocer que, de acuerdo con las investigaciones que realizaron la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a solicitud de la SSPC, se detectó que los desvíos de recursos se registraron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional.

Según las pesquisas, se presume que Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez se otorgaron cheques nominativos a su favor por sumas millonarias, además de haber impulsado y autorizado compra de bienes y servicios con sobreprecios.