La Redacción/La Jornada

Ciudad de México. Luego que el Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD) reveló en una investigación que el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra Mujeres enfrenta las omisiones de los gobiernos locales, el abogado penalista Diego Ruiz Durán, sostuvo que ese mecanismo requiere de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con el estudio “El financiamiento de la Alerta de Violencia de Género: entre la austeridad federal y las omisiones locales”, los gobiernos y los congresos locales tienen obligaciones políticas, presupuestales y administrativas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

En ese marco, Ruiz Durán lamentó que las entidades federativas no destinen los recursos suficientes a ese importante dispositivo de emergencia, con el que se busca garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en zonas afectadas por los feminicidios.

El especialista en derecho penal recordó que los presupuestos de estados con declaratorias de Alerta de Género destinan seis veces menos recursos para la igualdad de género que lo que se destina a nivel nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ruiz Durán manifestó que los datos disponibles en la investigación del IBD, arrojan que ni la igualdad entre mujeres y hombres, ni las acciones para combatir a la violencia contra las mujeres son prioridades en el gasto público a nivel subnacional.

“Solo 12 entidades definen al presupuesto para la igualdad sustantiva como una prioridad y menos de la mitad incorporan anexos transversales, como sucede en el ámbito federal desde el año 2008”, destacó Ruiz Durán.

Cabe destacar, que el documento del Instituto señala que es evidente que se deben revisar las responsabilidades de los gobiernos locales, especialmente considerando que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen contra las mujeres -como el feminicidio, la violencia sexual y la violencia familiar- son del fuero común, señala el documento del Instituto.