Urgente, respeto humanitario en prisiones del país: CNDH

Con una calificación promedio de 6.21 en centros estatales, de 7/36 en los federales y de 7.93 en los militares (en una escala del uno al 10), el sistema penitenciario mexicano “no alcanza estándares deseables” para los internos en materia de garantías de integridad física y psicológica, estancia digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social del interno, atención a grupos en vulnerabilidad (mujeres, menores, indígenas, diversidad social, adictos y enfermos).

Tras la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, “se evidenciaron las vulnerabilidad es y las fallas del sistema penitenciario y la responsabilidad corresponde a “cada uno de los tres poderes del Estado”.

En el país los peores promedios se registran en Nayarit (4.11), Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo y Tabasco; las mejores calificadas son las prisiones de Guanajuato (8.02), Aguascalientes, Baja California o Chihuahua, agregó la Oficina del titular de la Cndh.

Se identifican deficiencias en la clasificación de procesados y sentenciados, falta de capacitación para el trabajo, falta de custodios, y en 86 de 130 centros de reclusión visitados hay falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.

Un problema reiterado es el de la sobre población y la falta de servicios y oportunidades productivas, educativas y deportivas. Además en 84 prisiones no hay programas de prevención de adiciones y desintoxicación voluntaria y en 81 de los penales prevalecen deficiencias en condiciones materiales y de higiene. De hecho es una constante la falta de manuales de procedimiento en casos de motín, uso de la fuerza, solicitud de audiencia, visita íntima, revisión y estancias.

“Las personas que están en los centros penitenciarios, sobre todo los de alta seguridad se les atribuyen conductas constitutivas de delito y si son condenados se les ha acreditado conducta penal; en el caso del señor Guzmán Loera, está plenamente identificado que se ha evadido en dos ocasiones por lo cual debe tener medidas especiales de reclusión”, insistió el Ombudsman González Pérez.

Ahora, en el caso de José Manuel Mireles tenemos 4 expedientes que tienen que ver con su situación de salud y en donde han ido constantemente visitadores de la CNDH y personalmente nos ha señalado que no tiene motivos de queja sobre la atención médica que recibe, son circunstancias en general sobre las condiciones del penal donde se encuentra como hemos documentado en este informe y la última visita que le hicimos fue a finales de marzo.

De hecho, frente al anuncio de febrero pasado del Ejecutivo federal de que se consolidarían los los registros de información penitenciaria y se revisarían protocolos y procesos “pueden incidir favorablemente siempre y cuando se articulen, operen y rindan resultados con oportunidad, pertinencia y eficacia”.

Al dar a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2015, el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez urgió a la “revisión y el replanteamiento” del sistema “bajo un parámetro de derechos humanos”.

“Día con día se violentan los derechos fundamentales de un gran número de de mexicanos privados de su libertad”, advirtió.