Una sentencia de un juez civil ha despertado los peores fantasmas sobre la vulnerabilidad de la libertad de expresión en México. El periodista y académico Sergio Aguayo ha sido condenado este martes a pagar 10 millones de pesos —medio millón de dólares— a Humberto Moreira por daño moral, con motivo de una columna donde denunciaba la corrupción del exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI tras ser detenido en España en 2016. La defensa del académico, con 49 años de trayectoria, había logrado la absolución en primera instancia, respaldada por numerosos organismos internacionales como la ONU, la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideran infundada la demanda del poderoso líder político mexicano. La defensa de Aguayo sostiene que hay “indicios de corrupción” en la decisión del magistrado.
El 20 de enero de 2016 se publicó en el diario mexicano Reforma el texto en el que Aguayo denunciaba la pasividad de las autoridades mexicanas ante el combate a la impunidad y la corrupción en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres días antes, Moreira había sido detenido en Madrid por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho —un mes después, fue puesto en libertad—. El periodista señalaba en su columna: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. Unas declaraciones que utilizó la defensa de Moreira para argumentar su demanda por daños morales.
La defensa de Aguayo, que ya ha depositado 450.000 pesos (24.000 dólares) como garantía para evitar el embargo de su patrimonio, considera que el texto periodístico está cubierto por la legislación actual mexicana, ya que acababa de dictarse el auto judicial que imputaba a Moreira los delitos de corrupción. “Se cumplió con la labor de cercioramiento que exige la ley”, explica el abogado Héctor Beristain, que augura un proceso largo que llegará hasta la Suprema Corte de Justicia. “En los últimos 15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión e imprenta en casos de conflicto con el derecho al honor. El juez en esta ocasión se aparta de los parámetros nacionales e internacionales. Es ridículo”.
La defensa del académico va más allá y sostiene que el magistrado de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Huber Olea, está fundando su sentencia en una legislación derogada —y más punitiva que la actual— y apunta a conflictos de interés del magistrado. “No tiene ni pies ni cabeza, esto solo se explica porque hay jueces y magistrados dispuestos a apoyar a Moreira en sus exigencias. Desde el momento que aceptaron una demanda en la cual el afectado fijaba el monto de la indemnización —los 10 millones de pesos que hoy se le reclaman— ya era un mal augurio”, explica Aguayo, que destaca además la sorprendente celeridad en que se ha fallado la apelación.
En abril, el juez de primera instancia resolvía el caso a favor del periodista. En menos de un año ya hay nueva sentencia en un país donde la justicia sufre graves problemas de eficacia y rapidez: casi la tercera parte de los presos aún no tienen condena, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Gobierno de Coahuila durante el mandato de Moreira, entre 2005 y 2011, estuvo plagado de sospechas de corrupción. La deuda pública del Estado se disparó hasta la estratosfera: de 25 millones de dólares al inicio de su mandato y hasta los 2.500 millones. Las polémicas lo fueron cercando hasta obligarlo a renunciar en 2012 a la presidencia PRI, solo nueve meses después de asumir el cargo, y a las puertas de las elecciones presidenciales que darían la victoria a Enrique Peña Nieto. La detención en Madrid, a petición de un tribunal de Estados Unidos que investiga la red de blanqueo de Coahuila, región fronteriza con Texas, fue un punto de inflexión en el esclarecimiento de las prácticas mafiosas para financiar campañas políticas. Tras un año arrestado, España lo liberó por falta de pruebas y Moreira volvió a México, donde defiende en todos los flancos su inocencia.
Durante su Gobierno, Coahuila sufrió un incremento de la violencia del crimen organizado y se convirtió en un feudo de Los Zetas, un cartel formado por exmilitares de élite y considerado de los más salvajes de México. La ola de violencia alcanzó al propio Moreira. En 2012 fue asesinado a balazos uno de sus hijos, José Eduardo, de 26 años, en un atentado de sicarios de Los Zetas en venganza por la muerte en un operativo policial de un sobrino de uno de los líderes del cartel. Días después fue abatido, en Coahuila durante un enfrentamiento con la Marina, el número uno de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, un desertor del Ejército mexicano.
Aguayo, en su faceta de investigador académico, lidera desde 2016 un trabajo, con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, que documenta uno de los episodios más oscuros del estado norteño. En marzo de 2011, en la época de mayor actividad de Los Zetas, un comando sitió el pequeño pueblo fronterizo de Allende. Saquearon, demolieron casas con retroexcavadoras, secuestraron, torturaron, mataron y quemaron los cuerpos en gasolina. El pretexto era castigar con el asesinato de familiares, amigos y colaboradores a tres zetas que supuestamente los habían robado y traicionado delatándolos a la DEA. No hay consenso sobre cuánto duró el desquiciado ataque ni sobre el número de muertes. Grupos civiles hablan de que pudieron ser hasta 300, el Colmex precisa que 42, la Fiscalía de Coahuila ha dicho que 28.
Aguayo conecta su investigación con la ofensiva judicial iniciada por el exgobernador. “Mi hipótesis es que Moreira me demanda cuando se entera que voy a investigar el caso de Coahuila. Hemos logrado avances notables y podemos asegurar que Los Zetas implantaron su presencia en el territorio en los años en que era gobernador. No tenemos la evidencia del papel jugado por Moreira, pero creo que esta investigación está detrás de esta operación judicial”.
MORENA PREPARA UNA REFORMA PENAL QUE PREVÉ EL ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS POR DIFAMACIÓN Y CALUMNIA
La reforma penal preparada por Morena, según un extenso documento filtrado la semana pasada y firmado por la Fiscalía General de la República (FGR), prevé un endurecimiento de delitos como la difamación y la calumnia. “Nos preocupa una reforma en la que impera la restricción de derechos. En algunos casos, se recuperan incluso delitos del ordenamiento de 1917, como perseguir por alteración de la paz y el orden público a quien ridiculice a las intuiciones del país”, señala Leopoldo Maldonado, abogado de la organización en defensa de los derechos humanos Artículo 19. La versión final de la propuesta de la reforma se conocerá en febrero, cuando se reinicie la actividad parlamentaria en el Congreso mexicano.
Este martes, la politóloga y columnista Denise Dresser ha interpelado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina acerca del proyecto. “Estoy aquí por Sergio Aguayo. Un juez lo quiere obligar a pagar 10 millones de pesos por escribir una opinión crítica sobre Moreira como las tantas que usted expresó cuando era líder opositor”, le espetó Dresser, y pidió al presidente mexicano que se comprometa a condenar este tipo de medidas. López Obrador le ha contestado que se enteró de la supuesta reforma por los medios y que “no va a censurar a nadie, a diferencia de los conservadores, cuya doctrina es la hipocresía”. “Podríamos decir lo mismo de miembros de su gabinete que difaman a periodistas en Twitter”, ha contestado la columnista.
