Discurso dado el día de hoy por el Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, en acto público de reconocimiento a personas defensoras de derechos humanos, en San Salvador Atenco, Estado de México, organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

 

¡Muy buenos días a todas y todos!

Quisiera empezar por agradecer al Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” la invitación y la oportunidad de estar aquí en San Salvador Atenco, lugar muy emblemático para el contexto de Derechos Humanos en México.

 

Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos poder estar aquí hoy con tantas defensoras y tantos defensores de derechos humanos es un honor y un placer.

 

Quiero comenzar por hacer un reconocimiento y expresar el apoyo de mi Oficina, así como nuestra admiración, a la labor de quienes defienden los derechos humanos. Su trabajo es fundamental para un Estado democrático y de derecho. Como saben, para la Oficina, el trabajo de los defensores y las defensoras es prioritario – de hecho una de las cuatro grandes prioridades de nuestro trabajo – pero no sólo para apoyarlo sino también para señalar y alertar cuando hay criminalización y ataques contra ellos, sea que defiendan el agua, la tierra, el acceso a la justicia, medio ambiente sano, el acceso a una vivienda digna, la libertad de expresión, que denuncien y combatan la violencia contra las mujeres en todas sus formas, o que exijan una educación de calidad. Y no debemos olvidar a los familiares de personas desaparecidas que se convierten en personas defensoras de derechos humanos cuando se enfrentan a uno de los fenómenos más dramáticos que vive México hoy.

 

Por supuesto, estamos conscientes como esa labor es particularmente importante y peligrosa cuando se enfrenta a la política de megaproyectos, que junta intereses políticos y económicos y a menudo genera una fuerte deslegitimación, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo.

 

En este marco, cabe destacar la necesidad de consultar a los pueblos originarios antes de emprender proyectos económicos que afecten sus territorios. Urge que estas consultas sean verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas.

 

Es importante mencionar que hace un año convocamos, juntamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Foro internacional “Personas defensoras de derechos humanos, Retos y Experiencias”. En ese evento participaron los Relatores de la ONU y de la CIDH sobre personas defensoras de derechos humanos, el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, otras autoridades federales, organismos públicos de derechos humanos y especialistas mexicanos y extranjeros en la materia.

 

Ese día, quienes intervinieron acentuaron la importancia de la labor de defensa de los derechos humanos y el deber que compete al Estado mexicano de garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas defensoras. Efectivamente, el Secretario de Gobernación mencionó que el Gobierno de la República está “para defender a los que defienden” porque “una sola agresión a uno solo de ustedes, nos agrede a todos como sociedad”. Ese tipo de reconocimiento y compromiso es fundamental para garantizar la seguridad de personas defensoras y estos mensajes deben ser repetidos cotidianamente por las autoridades de todos los niveles.

 

Urge contrarrestar la vieja pero todavía muy fuerte tendencia de estigmatizar y desprestigiar quienes ejercen la labor de defensa, quienes critican los poderes políticos y económicos.

 

Un año después de lo que fue uno de los más importantes actos de reconocimiento de personas defensoras de derechos humanos en la historia de México, ¿de qué forma ha evolucionado el contexto?

 

Durante el año de 2017, México recibió las visitas oficiales de los Relatores Especiales sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, y sobre Libertad de Expresión, David Kaye.

 

En sus visitas, los tres expertos consultaron un gran número de personas defensoras de derechos humanos. Uno de sus objetivos pasó por evaluar si en México se verifica un ambiente seguro y favorable para las y los defensores de derechos humanos.

 

Los tres expertos coincidieron al reconocer que se han registro esfuerzos e incluso algunos avances en materia de derechos humanos pero también al destacar que quienes defienden los derechos humanos frecuentemente se enfrentan a obstáculos, descalificaciones, amenazas, agresiones y criminalización.

 

Para mi Oficina la colaboración con personas defensoras de derechos humanos es vital.

 

Los dos principales avances legislativos en materia de derechos humanos en 2017, las leyes generales sobre tortura y desapariciones, son conquistas que sin el trabajo de los y las defensoras no hubiera sido posible.

 

Su papel es fundamental en la realización de los principios democráticos. Su exigencia perseverante por acceso a la justicia, transparencia, legalidad y debido proceso nos permite vislumbrar el camino hacia un pleno estado de derecho.

 

Sin embargo, esa función crítica frecuentemente afecta poderosos intereses instalados e implica un alto riesgo para quienes denuncian violaciones a os derechos humanos, abusos de autoridad o corrupción.

 

En mi tiempo en México, he entendido como ser defensor o defensora de derechos humanos en México es una labor que exige un altísimo compromiso y valentía. Lo he mencionado en otro momento y reitero esa idea: en mi opinión, la cantidad de personas defensoras y la calidad y transcendencia del trabajo que estas realizan debería ser objeto de orgullo nacional.

 

No obstante, observamos como los defensores son a menudo desprestigiados y obstaculizados en su labor, siendo incluso víctimas de represalias. En este año que apenas empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campanur y Pamela Montenegro pagaron su valentía con su vida, y Agustín Silva sigue desaparecido.

 

Pero no solamente sus voces se han acallado. Se dan muchos tipos de ataques: amenazas, acoso judicial, difamación, criminalización, despojo, daño de material de trabajo, agresiones… Y también estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas. Son menos visibles pero obstaculizan o inhiben la labor y fomentan la autocensura.

 

Conocemos varios casos de agresiones contra defensores del Estado de México sobre los que hemos alertado y seguimos de cerca. Entre estos casos, pero no sólo, se encuentran las mujeres denunciantes y víctimas de tortura del caso Atenco, recientemente presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Están los casos de Coyotepec y Tecamac y su digna lucha por el derecho al agua. En la defensa del territorio encontramos al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y a la comunidad de Xochicuautla. Estas personas defensoras no han estado exentas de ataques, acosos o criminalizaciones.

 

En particular sobre la defensa de la tierra y el medio ambiente, ya el relator especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, lo decía al término de su visita oficial a México el año pasado:

 

“Me preocupa que el número de conflictos relacionados con la protección de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente siga creciendo, en tanto que la cuestión del modelo de desarrollo y su sustentabilidad no es atendida y ampliamente acordada con las comunidades afectadas por estos proyectos.”

 

Es notoria la necesidad de proteger a las personas defensoras de derechos humanos y ese deber recae, naturalmente, en el Estado.

 

La respuesta a esa necesidad tiene que pasar ineludiblemente por estrategias claras y reales para proteger a los defensores, prevenir las agresiones en su contra y combatir la impunidad que todavía persiste.

 

Desde 2012 que México cuenta con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la principal política pública que atiende las necesidades de protección y prevención. Cabe destacar que el Mecanismo surge tras las recomendaciones de la visita de los Relatores de Libertad de Expresión, Frank la Rue y Catalina Botero en 2010 y, evidentemente, de una importante labor de la sociedad civil mexicana.

 

El Mecanismo ha evolucionado considerablemente, en 2017 recibió e incorporó más casos que en cualquier otro año, algo que sólo fue posible a través del fortalecimiento progresivo de la metodología, lineamientos y del personal. Interesante observar que el Estado de México es el segundo estado con mayor número de personas beneficiarias, un síntoma claro de la peligrosidad de la labor de defensa en esta entidad.

 

Sin embargo, se mantienen importantes retos en cuanto a la implementación de medidas, aplicación de un enfoque diferenciado, coordinación con las contrapartes estatales y con otras autoridades federales relevantes (en particular la PGR y la CEAV).

 

Sobre todo, permanece un paradigma que puede ser comparado a la administración de cuidados paliativos. Se atienden – de forma cada vez más competente – los síntomas, pero siguen faltando tanto la capacidad como las atribuciones para abordar los problemas de fondo.

 

Por otro lado, la protección pasa forzosamente también por acciones de prevención. Existen esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, está pendiente aún un plan de prevención específico para el proceso electoral de este año. Las elecciones de 2018, por su magnitud y por la actual coyuntura política generarán un aumento de conflictividad social que a su vez podrían provocar un aumento del riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos. Me sumo al llamado de los Relatores de Libertad de Expresión quienes advirtieron para la necesidad de una respuesta específica a estas circunstancias.

 

Además, la prevención de agresiones en contra de personas defensoras y periodistas tiene que considerar la construcción de espacios efectivos de participación de la sociedad civil para la discusión y toma de decisiones. En ese sentido, resaltamos la forma como la Unidad de Derechos Humanos de la SEGOB convoca y facilita mesas de trabajo entre defensores y autoridades.

 

No obstante, es importante garantizar que en esas mesas participen interlocutores con poder de decisión en tanto que el objetivo de las mesas es transformar las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales que generan eventuales violaciones, es decir, que se puedan atender las problemáticas en sus causas y no solamente en sus síntomas.

 

Asimismo, consideramos que una de las principales formas de prevenir agresiones pasa también por acciones en el campo legislativo, ya sea promoviendo avances legislativos o derogando legislación anacrónica o anti-convencional.

 

El relator especial, Michel Forst, resaltaba en su informe preliminar la inexistencia de un sistema de protección para denunciantes (conocidos en inglés como “whistleblowers”), refiriendo que “Actualmente, no hay un marco jurídico en México que defina, reconozca y proteja a los ciudadanos o servidores públicos cuando revelan información.”

 

Por otro lado, la libertad de expresión necesaria para que estas personas puedan denunciar dichas irregularidades puede ser coartada ya sea a través de demandas civiles o incluso, en 9 estados de la república, por medio de acusaciones penales.

 

Entonces, es fundamental:

1. Promover regulación que permita evitar el abuso del sistema judicial y desechar de forma temprana las demandas que patentemente tienen como objetivo limitar la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, denunciantes o periodistas;

 

2. Derogar de los Códigos Penales estatales los delitos contra el honor (calumnia, difamación o injurias). A pesar del importante avance al eliminarlos del Código Penal Federal, nueve entidades federativas todavía lo mantienen a pesar de las recomendaciones hechas a México por varios organismos internacionales. Además del carácter violatorio a la libertad de expresión, frecuentemente estos delitos son utilizados para criminalizar activistas sociales, periodistas y denunciantes, como vimos recientemente en el caso de Leonardo García.

 

Asimismo, hemos insistido en que la medida de protección o de prevención más efectiva es indudablemente un sistema que permita la investigación pronta, imparcial y efectiva de todo tipo de agresiones, desde las amenazas hasta los asesinatos.

 

La impunidad que prevalece en México sigue siendo el principal obstáculo para que se pueda garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. Saber que no habrá consecuencias legales incentiva las agresiones, generando así un ciclo vicioso de violencia.

 

Solamente a través de una acción categórica por parte de las autoridades de procuración de justicia se puede evitar el efecto inhibitorio generado por las represalias contra las personas defensoras de derechos humanos.

 

Un importante paso en ese sentido se dio justamente este martes con un encuentro de varios expertos nacionales e internacionales que tuvo como objetivo lanzar un proceso que culminará con la creación de un Protocolo Homologado de Investigación de Delitos en contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

 

México y sus habitantes merecen un sistema de procuración de justicia que funcione y brinde garantías de no repetición del delito y de las violaciones de derechos humanos.

 

Naturalmente, sabemos que ante un contexto tan desafiante no existen soluciones mágicas. Pero sabemos que es posible construir un estado de derecho basado en el respeto a los derechos humanos. Un modelo ciudadano que reconozca a las personas defensoras de derechos humanos como interlocutores expertos y comprometidos con el avance plural y democrático.

Reitero a nombre de mi Oficina la determinación de seguir colaborando con las y los defensores y con las autoridades para esa construcción colectiva. Más aun, en un 2018 marcado por un alto nivel de escrutinio internacional a México donde destacan el Examen Periódico Universal (EPU), por lo menos tres comités específicos; además, se van a publicar los informes de las visitas realizadas en el 2017 por los Relatores Especiales sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, sobre Pueblos Indígenas y sobre Libertad de Expresión.

Concluyendo mi intervención quiero felicitar al equipo del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” por esta notable iniciativa. Asimismo, quiero saludar la presencia y participación de la CNDH y de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México.

Eventos como el que tenemos hoy contribuyen de manera muy importante para crear un ambiente propicio y seguro para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su importante función social, defendiéndonos a todos nosotros con la protección, el respaldo y el reconocimiento correspondiente.

¡Muchas gracias!

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* El acto público de reconocimiento a personas defensoras de derechos humanos, en San Salvador Atenco, EdoMex, fue organizado por el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”