Martes 23 de Mayo  2017

RONDA POLÍTICA  
Víctor Lara

RESOLUCIÓN DE JUEZ SEGUNDO DEL RAMO CIVIL ES DE RISA EN CASI DOS LINEAS DEFINE LITIGIO.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO OMISO O COMPLICE EN ASUNTO PROACTIVA.

DEMANDARAN A FUNCIONARIA JUDICIAL POR SENTENCIA ABSURDA.

TRABAJAMOS POR EL COMBATE A LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO: ERA

Nuevamente el Supremo Tribunal Superior de Justicia es puesto en ridículo, por quien señalan como juez de consigna a la Lic. Sandra Luz Ochoa Carboney, al emitir una resolución judicial en el expediente número 68/2014 radicado en el juzgado segundo del ramo civil, quien dicta sentencia de manera por demás absurda en una sola hoja y por si fuera poco la esencia de la sentencia en casi dos líneas, careciendo de fundamentación y argumentos legales.

Es increíble que un litigio de casi 10 años y en el que estaba en juego 600 millones de pesos, cantidad demandada, sea tomada tan a la ligera, por esta estudiosa del derecho, lo cual será acreedora a una queja ante el consejo de la judicatura, otra más que se suma a la queja interpuesta en su contra y registrada bajo el número de expediente 111/2015; esperemos que con esta otra queja ya puedan sancionarla o esperara don Rutilio más quejas que se acumulen, para poder intervenir, o solo cumplió con una instrucción de su presidente.

Y vea por qué le digo lo anterior Héctor Montesinos Cano, activista ambiental y quien desde hace 10 años aproximadamente  sostuvo   litigio en contra de la empresa española PROACTIVA, hoy Veolia, por la contaminación de su predio “San Martín Mujular” colindante con el relleno sanitario ubicado al sur poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, celebró que la juez Segundo de lo Civil haya concluido que no existe daño moral de su parte hacia esta agrupación, cuyos apoderados lo habían demandado por la cantidad de casi 600 millones de pesos.

En conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de la resolución judicial, dijo que ésta representa un triunfo ciudadano, ya que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno quiso apoyarlo, pese a que muchos actores políticos utilizaron en tiempos electorales su caso como bandera de campaña.

No obstante refirió que la aplicación de la ley por parte de la jueza fue a medias, pues también decidió exonerar a PROACTIVA de la demanda de ecocidio, que él interpuso; “al final de cuentas lo que hizo la jueza fue declarar un empate técnico”.

Así mismo lamentó que la autoridad jurisdiccional haya argumentado para desechar su demanda, que el predio San Martín Mujular no es de su propiedad, sino de su padre ya finado, “es una conclusión absurda pues yo presenté y acredité con escrituras que el predio es mío”.

Explicó que en las pruebas presentadas para fundar su demanda en contra de PROACTIVA se encuentran dictámenes de agrupaciones certificadas que antes de realizar cualquier estudio exige la acreditación legal de la propiedad, por ello “pudiera pensar que hay mano negra en la decisión de la juez”.

Sin embargo anunció que apelará la decisión de la jueza, haciendo valer todos los recursos legarles a que haya lugar, de la misma manera aseguró que continuará la lucha hasta las últimas consecuencias más ahora que al ser exonerado por daño moral, la autoridad está implícitamente aceptando que PROACTIVA sí es culpable de ecocidio en el predio San Martín Mujular”.

En ese sentido, llamó al Poder Judicial del Estado; a los acores políticos, a los senadores chiapanecos, Luis Armando Melgar Bravo, Roberto Albores Gleason y Zoé Robledo Aburto; así como a los funcionarios del gobierno del estado en materia ambiental, entre ellos Carlos Morales Vázquez y a los titulares de los órganos de gobierno del Congreso local para que revisen el caso,  para que lo acompañen a un recorrido en la zona contaminada por PROACTIVA y puedan constatar el irreversible daño ambiental que está sufriendo uno de los pocos pulmones naturales que tiene la capital chiapaneca.

No es posible que niegue tener la certeza de saber que Héctor Montesinos es el propietario del bien inmueble, puesto que para efectos de iniciar este juicio tuvo que acreditar fehacientemente ser el legítimo propietario con las escrituras públicas que así lo avalan; de tal manera que fue una resolución hecha con las patas, que podría ser superada por cualquier alumno de la licenciatura en derecho.

Qué vergüenza para el Poder judicial, una burla para el pueblo chiapaneco que acude en busca de justicia, de que apuro dijeran en mi Arriaga.

Garantizar que las mujeres sigan participando en la vida pública y política de Chiapas, a través de instrumentos normativos que permitan su protección contra la violencia política de género es obligación de la presente Legislatura manifestó Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado. Al asistir al Foro de Discusión y Análisis de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Igualdad de Género, organizado por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en donde se contó con la presencia de Santiago Nieto Castillo, titular de la FEPADE; Ramírez Aguilar reconoció los avances constitucionales en esta materia, como el haber incluido en la nueva Constitución, el concepto de Violencia Política.

No obstante, coincidió con las y los especialistas, en la posibilidad de legislar por una ley de desarrollo constitucional, que permita de manera enérgica hacer efectiva la protección contra estas violaciones. En este sentido, Eduardo Ramírez ratificó su compromiso de escuchar y legislar, de acuerdo a las voces ciudadanas y de especialistas que emanen de este tipo de foros, para fortalecer el camino a la igualdad y a una vida libre de violencia. “La totalidad de nuestra población está representada por una gran mayoría de mujeres y es por ello que tenemos que garantizarles espacios de representación, para que éstas influyan en las decisiones trascendentes de la vida pública, social, económica y política de Chiapas”, destacó.

“Me congratulo de los logros de las mujeres chiapanecas, en este caso de la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE) y ratifico mi compromiso para seguir coadyuvando, desde el poder Legislativo, en el reconocimiento y respeto de sus derechos.

En el marco del Programa de Capacitación 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE), en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), ofreció el curso “Proceso Penal Acusatorio Nivel Intermedio para Policías Ministeriales”.

Al acto de clausura asistió el Fiscal en Implementación y Evaluación del Sistema Penal Acusatorio, Carlos Tovilla Padilla, en representación del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar.

Acompañado del coordinador de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Miguel Ángel Sánchez Martínez; señaló que la tarea de la Policía Investigadora es indagar este campo de manera profesional, técnica y científica, ya sea por iniciativa propia o por orden del Fiscal del Ministerio Público. Agregó que el Policía Investigador debe trabajar en una estrecha coordinación con el Ministerio Público (Fiscal) y los Peritos, y si el asunto que trabajó llega a la etapa de Juicio Oral, será testigo fundamental del Ministerio Público para sustentar la teoría del caso de la parte acusadora, es por ello que la capacitación constante para el personal es necesaria y se debe aprovechar al máximo. . . Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.

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