La tarde del 9 de diciembre de 2025, la Cámara de Diputados de México tomó una decisión polémica y significativa en el ámbito de la salud pública: se aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General de Salud, que prohíbe la venta y fabricación de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esta reforma, que viene acompañada de castigos severos, generó un intenso debate que duró casi nueve horas.
Detalles de la Aprobación
Con una votación final de 292 a favor y 163 en contra, el dictamen fue avalado principalmente por los diputados del partido Morena y sus aliados. Sin embargo, los partidos de oposición, como el PRI, PAN, y MC, expresaron su descontento, argumentando que esta medida criminaliza a los consumidores al establecer penas de prisión de hasta ocho años y multas que pueden alcanzar los 226,080 pesos.
La iniciativa también incorporó modificaciones relacionadas con la atención a la salud, que incluyen cambios en las contrataciones de medicamentos y aspectos administrativos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), afectando la asistencia para gastos catastróficos.
Excepciones y Alcance de la Prohibición
Durante el debate, se incluyó una reserva para aclarar que el consumo y la posesión personal de vapeadores no están sujetos a las mismas sanciones, resaltando que las penalidades se aplicarán exclusivamente a aquellos que comercialicen estos dispositivos. Así, la ley prevé que la prohibición abarque todos los dispositivos que utilicen líquidos, geles, o cualquier sustancia que pueda ser inhalada, independientemente de la presencia de nicotina.
Asimismo, se prohibieron todas las formas de publicidad relacionadas con estos productos, asegurando que no haya promoción a través de ningún medio, ya sea impreso, digital, o televisivo.
Impacto en la Salud Pública y Críticas
La reforma es vista por sus promotores como un esfuerzo para proteger la salud pública, especialmente de los jóvenes, quienes cada vez recurren más al uso de estos dispositivos. Sin embargo, críticos de la medida argumentan que la criminalización del consumo puede tener efectos contraproducentes, generando un mercado negro y limitando el acceso a información y alternativas de reducción de daños.
Los legisladores opositores también han resaltado que la aprobación de esta ley coincide con lo que consideran un "debilitamiento" del Fonsabi, al eliminarse la obligación de destinar un porcentaje mínimo de sus recursos a tratar enfermedades costosas como el cáncer o infartos, lo cual podría afectar gravemente a los pacientes que dependen de este fondo para sus tratamientos.
A la Espera en el Senado
Tras el despliegue de opiniones encontradas y la aprobación en la Cámara de Diputados, ahora el dictamen se envía al Senado de la República, donde se discutirá si se ratificará o modificará la legislación que podría cambiar el panorama del consumo de vapeadores en México.
Para más información sobre la Ley General de Salud y sus implicaciones, puedes leer más aquí: Ley General de Salud.
Esta decisión marca un hito en la política de salud en México y genera una serie de interrogantes sobre el futuro de los dispositivos de vapeo y su regulación en el país. La historia continúa desarrollándose y será de suma importancia seguirla en los próximos días.
